Uno de los efectos más evidentes y alarmantes del conflicto armado interno que padece Colombia es el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de personas, fenómeno que se ha convertido en objeto de atención creciente por parte de la comunidad internacional debido a que ha dado lugar a una de las poblaciones con mayor número de desplazados del mundo. El desplazamiento de personas en Colombia no es un daño colateral del conflicto, sino un objetivo de quienes participan o se benefician del mismo: el ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares, pero también el narcotráfico y los intereses económicos de empresas nacionales y transnacionales, cuyos proyectos agroindustriales y extractivos respaldan el desalojo de tierras. La asistencia y protección de los desplazados y la restitución de sus bienes no solo es un imperativo humanitario, sino un elemento fundamental para una paz sostenible y duradera. Paradójicamente, sin embargo, el actual proceso de paz ha agudizado la situación de riesgo y violencia hacia quienes exigen la protección y restitución de tierras, que son víctimas de amenazas y agresiones de toda clase. En este contexto, la presencia y el apoyo de la cooperación internacional son todavía necesarios para la superación del conflicto armado y la construcción de la paz en Colombia.