Revista ecohabitar 63

Vivienda construida con paneles de paja certificados

64 páginas
21 X 29,6 cm
Color, fotografías
Otoño 2019
Editorial

Aquí´, en la Europa del sur, ir a la zaga de varios temas de desarrollo es la tónica general. Esta vez se trata de las ayudas al medio ambiente y a la efi ciencia energética que, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia1,solo representa el 5% del total, frente a la media de la comunidad europea que es el 62%. Mientras que en otros países de la UE la multiplican, concretamente por cuatro, aquí se divide por dos.

Parece ser que este escalofriante dato se debe, según la CNMC, a la cruzada contra las primas a las renovables que el gobierno de Rajoy emprendió en 2014 en un claro intento para favorecer a sus aliados del oligopolio eléctrico. Porque hasta 2012 la tendencia en inversiones y ayudas en los países de la UE y España iban en paralelo. Fue a partir de la Orden Ministerial IAT/1045/2014 que la cosa se torció, reduciendo a la mitad estas ayudas mientras que en el resto de Europa se multiplicaban.

Por si no fuera poco, España es el país del mundo que tiene más demandas ante los tribunales de arbitraje (ISDS), y la mayoría de ellas es por cuestiones energéticas, concretamente por el recorte a las primas de las energías renovables. Según cálculos la cifra podría llegar a los 7.700 millones de euros. Es de reseñar que la mayoría de las entidades que han entrado en litigio con el Gobierno español ante los tribunales de arbitraje, son grandes inversores vinculados a las energías renovables que invocan el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT). Se trata de multinacionales de la energía, entidades fi nancieras y fondos privados de inversión que realizaron “inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante”. Comentaba en una entrevista a la revista Energía Renovables2 Lucia Bárcena, responsable de la campaña #StopISDS3 en Ecologistas en Acción.

La lucha contra la crisis climática tiene enfrente, aparte de la ignorancia de muchas personas, los intereses de las grandes corporaciones, concretamente, y entre otras cosas, con la protección a las inversiones de gas y petróleo que se encuentran blindadas por el Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo comercial que fue fi rmado por la Unión Europea (UE) en diciembre de 1994 y entró en vigor en 1998. Hasta la fecha, 52 Estados, también la UE y EURATOM se han adherido al TCE4.

Este tratado es una joya para estas corporaciones, aparte de no establecer ningún objetivo para la lucha climática ni ningún objetivo hacia la sostenibilidad, es un mecanismo para resolver los confl ictos entre las naciones y las corporaciones energéticas que protege a estas últimas contra los cambios resolutorios de los go-
biernos legítimos que podrían dañar la inversiones y sus intereses. La pregunta es ¿cómo podemos alcanzar objetivos en las renovables si no se producen cambios regulatorios?