Producen los modelos de gestión público-privada un ahorro real de recursos, y si es así a qué precio? ¿Mejoran efectivamente la calidad del servicio? ¿Mantienen la igualdad social en el acceso a la salud? ¿Conservan la calidad del empleo y de las instalaciones que habían caracterizado al sistema público de salud? Y también: ¿es legítimo que empresas privadas obtengan un beneficio por la gestión de servicios públicos? ¿Es legítimo incluso que estos beneficios se produzcan en la gestión de un servicio social tan sensible como la salud? ¿Qué se puede esperar, en definitiva, de un modelo de subcontratación masiva de los servicios sanitarios en un contexto caracterizado por una creciente corrupción política?